ASF inicia investigación por presuntas irregularidades presupuestales en el INE
Auditoría Superior de la Federación abre indagatoria contra el INE por posibles desvíos y anomalías en recursos públicos asignados.
Por Bruno Cortés
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio inicio formal a un proceso de investigación centrado en detectar posibles irregularidades en el ejercicio del gasto público del Instituto Nacional Electoral (INE), derivado de denuncias presentadas ante la Cámara de Diputados sobre inconsistencias financieras.
El procedimiento fiscalizador contempla la revisión exhaustiva de partidas presupuestales correspondientes a contratos de adquisiciones, servicios de consultoría y asignación de plazas, sumando un monto acumulado que supera los lineamientos de comprobación fiscal establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
De acuerdo con los datos preliminares emitidos por el órgano técnico de fiscalización, la revisión responde a discrepancias detectadas en los informes trimestrales de cuenta pública, donde se identificaron subejercicios injustificados y transferencias de recursos entre fondos operativos sin la debida autorización del Consejo General.
El marco legal que regula las facultades de la ASF otorga un plazo inicial de 45 días hábiles para que el organismo electoral presente la documentación probatoria que justifique los movimientos financieros cuestionados y deslinde responsabilidades administrativas de las áreas involucradas.
En caso de que las observaciones no sean solventadas satisfactoriamente, el órgano auditor estará facultado para promover las denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República o fincar las responsabilidades resarcitorias correspondientes contra los funcionarios implicados en la gestión de los recursos.
Esta intervención de la ASF marca un precedente en la fiscalización directa de los órganos autónomos constitucionales, exigiendo estándares más estrictos de transparencia en la administración de los presupuestos asignados para procesos electorales y operación institucional.
Las dependencias involucradas mantendrán abiertos los canales de revisión técnica mientras se desahogan las etapas procesales correspondientes para determinar el estado financiero final de las partidas auditadas.
