Clara Luz denuncia a Samuel García ante la FGR por lavado
Clara Luz presenta denuncia en la FGR contra Samuel García por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por Juan Pablo Ojeda
La exfuncionaria federal Clara Luz Flores presentó este miércoles una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La querella, interpuesta en las oficinas centrales de la Ciudad de México, detalla movimientos financieros irregulares detectados a través de triangulaciones empresariales y cuentas bancarias vinculadas al entorno familiar y político del mandatario estatal durante los ejercicios fiscales recientes.
Los documentos entregados a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda incluyen un peritaje contable que señala transferencias por más de 200 millones de pesos hacia entidades mercantiles de nueva creación. Según los datos aportados en la denuncia, estas empresas fachada habrían sido utilizadas para adquirir bienes inmuebles tanto en territorio nacional como en el extranjero, evadiendo los controles de fiscalización fiscal establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El marco normativo que sustenta la acusación se fundamenta en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual sanciona con penas de cinco a quince años de prisión a quienes oculten o pretendan dar apariencia legal a recursos de origen presuntamente delictivo. La defensa legal de la denunciante aseguró contar con los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y estados de cuenta bancarios que respaldan las operaciones financieras bajo escrutinio ministerial.
La presentación de esta querella ocurre en un contexto de tensiones políticas recurrentes entre distintas facciones de la administración pública de Nuevo León y actores federales. Durante los últimos veinticuatro meses, las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las participaciones federales entregadas al estado ya habían encendido alertas operativas respecto a la opacidad en la contratación de proveedores sin licitación pública comprobada.
Fuentes ministeriales confirmaron que el expediente será turnado a un juez de control federal para el análisis de los indicios aportados, determinando en un plazo no mayor a treinta días hábiles si existen elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación formal con citatorios a los implicados. La Fiscalía General de la República mantendrá la indagatoria bajo secrecía para evitar la filtración de datos sensibles que entorpezcan la localización de los activos financieros denunciados.
El impacto administrativo de esta denuncia recae directamente sobre la gobernabilidad de la entidad norteña, donde el Congreso local ha mantenido pugnas constantes con el Poder Ejecutivo por el control de los órganos autónomos de fiscalización. Los diputados locales de oposición han solicitado una revisión exhaustiva de las cuentas públicas estatales mientras se desahogan las diligencias ministeriales en el ámbito federal.
Con este procedimiento legal, el caso se suma a la lista de controversias judiciales que involucran a titulares de ejecutivos estatales en funciones, poniendo a prueba la efectividad de los mecanismos anticorrupción y de fiscalización de recursos públicos en México de cara al cierre del ciclo presupuestal en curso.
