Piden derecho para retirar imágenes de menores en internet
Proponen que niñas, niños y adolescentes puedan exigir la eliminación de sus datos, voz o imagen en plataformas digitales.
Por Bruno Cortés
La iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue presentada en el Congreso de la Unión para establecer el derecho explícito de este sector poblacional a solicitar y lograr la supresión de contenidos digitales que expongan su imagen, voz o datos personales sin su consentimiento previo.
El diagnóstico técnico presentado en la exposición de motivos señala que más del setenta por ciento de los menores de edad en el país registran una huella digital masiva antes de cumplir los diez años, generada principalmente por publicaciones de terceros en redes sociales y plataformas de video.
Los datos analizados indican que los riesgos asociados a la suplantación de identidad, el ciberacoso y el uso no autorizado de material gráfico en entornos virtuales se han incrementado en un cuarenta por ciento durante los últimos tres años, afectando de manera desproporcionada a la población adolescente.
La propuesta legislativa detalla la obligación jurídica para las empresas proveedoras de servicios digitales y redes sociales de habilitar mecanismos expeditos, gratuitos y simplificados para procesar las solicitudes de eliminación de contenido presentadas por tutores o por los propios menores afectados.
Asimismo, se establece que el incumplimiento por parte de las plataformas tecnológicas con sede o representación en el país derivará en sanciones económicas proporcionales al volumen de usuarios activos, cuyos fondos serán destinados a programas de ciberseguridad escolar.
El análisis presupuestal adjunto al dictamen subraya que la implementación de esta fiscalización no requerirá la creación de nuevas estructuras burocráticas, sino la ampliación de las facultades de supervisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La conclusión central del documento apunta a que la protección de la intimidad digital infantil constituye un requisito indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo libre de violencia en la sociedad de la información contemporánea.
