Adjudicaciones directas del INE superaron por 318 a uno a las licitaciones públicas durante gestión de Lorenzo Córdova

Las adjudicaciones directas dominaron los registros de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE) durante varios años de la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello. De acuerdo con un análisis realizado por MILENIO a partir de información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre 2019, 2021, 2022 y 2023 se contabilizaron 171 mil 323 registros bajo esta modalidad, frente a apenas 539 correspondientes a licitaciones públicas.

La diferencia equivale a una proporción de casi 318 adjudicaciones directas por cada licitación pública identificada en los datos examinados. Aunque esta relación muestra el predominio numérico de las contrataciones sin concurso abierto, también es importante distinguir entre la cantidad de procedimientos y los recursos económicos que representaron, pues ambos indicadores muestran diferencias considerables.

En términos de dinero, las adjudicaciones directas concentraron 3 mil 608 millones 880 mil 854 pesos, equivalentes a 57.75 por ciento de los 6 mil 249 millones 631 mil 759 pesos identificados en el análisis. Por su parte, las licitaciones públicas acumularon 2 mil 438 millones 273 mil 113 pesos, es decir, 39.01 por ciento del gasto registrado.

La diferencia entre ambas modalidades fue de mil 170 millones 607 mil 741 pesos. Esto significa que por cada peso destinado a licitaciones públicas, el organismo electoral registró aproximadamente 1.48 pesos en adjudicaciones directas.

Sin embargo, las cifras corresponden únicamente a los cuatro años incluidos en la revisión y no representan la totalidad de las contrataciones realizadas durante la presidencia de Córdova. Además, el uso de adjudicaciones directas no constituye por sí mismo una irregularidad, ya que la legislación mexicana permite recurrir a este mecanismo bajo determinados supuestos y condiciones.

Lo que muestran los registros es el peso que tuvo esta modalidad en las contrataciones del instituto y la necesidad de examinar las razones que justificaron su utilización, así como las condiciones en las que se seleccionó a los proveedores.

Investigaciones por contratos alcanzan a proveedores y organismos electorales locales

Los datos sobre las adjudicaciones directas cobran relevancia en medio de las investigaciones que actualmente buscan esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar los comicios en las entidades federativas.

El caso comenzó a generar mayor atención pública tras los señalamientos sobre una presunta red de empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellos urnas, mamparas, boletas y otros insumos utilizados durante los procesos electorales.

Entre los empresarios relacionados con las compañías bajo revisión figuran José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Algunas de las firmas mencionadas en las investigaciones son Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Diseño, Reconstrucción y Comunicación.

Las indagatorias buscan determinar si existieron relaciones empresariales que permitieran simular competencia entre proveedores, influir en los precios o conseguir contratos mediante procedimientos irregulares. No obstante, la aparición de estas empresas en las investigaciones no significa que todas sus operaciones sean ilegales ni acredita responsabilidades de los funcionarios que participaron en las contrataciones.

Un elemento relevante es que algunas de estas compañías ya tenían presencia en los procedimientos de adquisición de materiales electorales durante la presidencia de Lorenzo Córdova, antes de que Guadalupe Taddei asumiera la dirección del INE en abril de 2023.

De acuerdo con los registros revisados por MILENIO, Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales participaron en procedimientos de contratación durante la administración anterior. Su presencia permite ampliar el periodo de análisis y revisar si las relaciones comerciales con las autoridades electorales se mantuvieron a lo largo de distintas presidencias.

El alcance económico de las contrataciones relacionadas con las empresas bajo investigación también se extendió a los organismos electorales estatales. Según información presentada por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE ante la Cámara de Diputados, los contratos vinculados con esta red empresarial alcanzaron aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos al considerar tanto al instituto nacional como a los OPLE.

Órgano Interno de Control abrió investigaciones contra funcionarios y empresas

Las investigaciones también han puesto bajo escrutinio el funcionamiento de los mecanismos internos de vigilancia del INE, particularmente la actuación del Órgano Interno de Control, encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y el manejo de los recursos públicos.

En información presentada ante la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC, reportó que durante 2025 y 2026 se iniciaron 16 expedientes de investigación relacionados con los hechos señalados en las contrataciones del organismo.

De ese total, 11 corresponden a procedimientos vinculados con contrataciones públicas e involucran al menos a 15 servidores y exservidores públicos, ocho personas físicas y 18 empresas. Además, se abrieron otras 25 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control.

Entre las posibles conductas irregulares que se examinan se encuentran conflictos de interés, incumplimientos de requisitos en los procedimientos de contratación, deficiencias en la supervisión de los bienes y servicios adquiridos y posibles afectaciones al patrimonio público.

El análisis de estos expedientes busca establecer no solamente qué empresas obtuvieron contratos, sino también quiénes participaron en las decisiones, cómo se justificaron las adjudicaciones, si los proveedores cumplieron con las condiciones pactadas y qué controles se aplicaron antes de autorizar los pagos.

La revisión también ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de las instancias internas para detectar oportunamente posibles anomalías y dar seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías anteriores.

INE solicita a la ASF revisar diez años de contrataciones

Ante la dimensión de los señalamientos, el Consejo General del INE aprobó el 5 de noviembre un conjunto de medidas para fortalecer los controles administrativos, recuperar la confianza institucional y facilitar las investigaciones sobre el uso de los recursos públicos.

Una de las principales decisiones consiste en solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del organismo durante el periodo 2016-2026.

El ejercicio abarcará tanto la administración de Lorenzo Córdova como la de Guadalupe Taddei, con el propósito de revisar los procedimientos de contratación realizados durante una década e identificar posibles irregularidades que no necesariamente se limitan a una sola gestión.

El acuerdo también contempla preservar la documentación física y electrónica relacionada con las adquisiciones, elaborar un inventario de contrataciones, revisar el padrón de proveedores y facilitar la entrega de información a las autoridades fiscalizadoras.

Asimismo, se planteó habilitar mecanismos para recibir denuncias anónimas de posibles irregularidades y fortalecer los controles sobre las compras y servicios necesarios para la organización del proceso electoral 2026-2027.

Durante la sesión, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan destacó que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué bienes y servicios adquiere el instituto, cuánto paga por ellos, quiénes reciben los contratos y si cumplen con las condiciones establecidas.

También consideró necesario fortalecer la competencia entre proveedores y reducir el uso de adjudicaciones directas cuando existan condiciones para realizar procedimientos abiertos.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo respaldó las medidas extraordinarias y planteó la necesidad de realizar un diagnóstico institucional sobre los riesgos de corrupción y las deficiencias en los mecanismos de control, además de presentar las denuncias administrativas o penales que correspondan.

Las representaciones partidistas también solicitaron que las investigaciones no se limiten a la administración más reciente y que se resguarde toda la información necesaria para esclarecer las contrataciones de años anteriores.

La revisión de la ASF será relevante para determinar el alcance de las posibles irregularidades, aunque corresponde a esa institución fiscalizadora definir los procedimientos, las muestras y las modalidades de auditoría que resulten aplicables. El propio INE estableció que cualquier responsabilidad deberá acreditarse mediante los procedimientos legales correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

De esta manera, los registros de adjudicaciones directas correspondientes a la presidencia de Lorenzo Córdova se incorporan al contexto de una revisión más amplia sobre el manejo de los recursos del organismo electoral. Aunque la proporción de 318 a uno no demuestra por sí misma la existencia de corrupción, sí constituye un indicador que permite dimensionar las modalidades de contratación utilizadas y abre interrogantes sobre sus justificaciones, los proveedores beneficiados y los mecanismos de supervisión que operaron durante esos años.