Diputado Ricardo Mejía Berdeja promueve juicio político contra gobernador de Coahuila
Demanda de juicio político formaliza acusaciones por coacción del voto con códigos QR y despliegue policial en Coahuila.
Por Juan Pablo Ojeda
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó este viernes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y del fiscal general de dicha entidad, Federico Fernández Montañez. El recurso legal acusa violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las garantías individuales y al proceso electoral durante los comicios locales celebrados el pasado 7 de junio.
La documentación entregada en el Palacio Legislativo de San Lázaro detalla el uso del aparato de seguridad pública estatal para operar detenciones arbitrarias y agresiones físicas en contra de representantes partidistas. De acuerdo con el reporte del legislador, los elementos policiacos intervinieron de manera directa en los distritos electorales para neutralizar la vigilancia de las casillas por parte de la oposición, alterando los balances de competencia previstos en la ley general de instituciones y procedimientos electorales.
El análisis técnico de la jornada electoral expone un sistema de coacción económica mediante plataformas digitales que operó de forma sistemática en los municipios con mayor densidad de votantes. Las pruebas documentales aportadas señalan la compra de votos a través de dispositivos móviles equipados con códigos QR, asignando un valor comercial al sufragio que osciló entre los 500 y los mil pesos por unidad transaccionada.
Las estadísticas de movilidad e incidencia delictiva durante el 7 de junio registraron picos de actividad policial en áreas periféricas, coincidiendo con las denuncias ciudadanas sobre la operación de centros de financiamiento ilegal. Los registros de la fiscalía local omitieron la apertura de carpetas de investigación ante estas llamadas de alerta, lo que fundamenta el señalamiento de complicidad del fiscal general en la demanda de juicio político.
La alteración del proceso democrático afectó de manera directa la integración del congreso local de Coahuila, diseñando una distribución de escaños que favorece la continuidad presupuestal del Ejecutivo estatal. La representación del PT sostiene que la cadena de custodia de las actas de escrutinio se rompió en el distrito 6, con cabecera en el municipio de Frontera, debido a la incursión física de mandos policiacos armados.
Los indicadores de violencia de género y abuso de autoridad se integraron al expediente tras la detención de activistas locales, entre ellos Antonio Flores y Tania Flores. Los reportes médicos anexados constatan que las fuerzas de seguridad pública del estado emplearon gas lacrimógeno a corta distancia, provocando daños severos en la córnea de una de las víctimas, además de registrarse denuncias formales por abuso sexual durante la custodia.
El marco regulatorio del artículo 110 constitucional faculta al Congreso de la Unión para procesar esta demanda a través de sus comisiones dictaminadoras. El proceso técnico exige la validación de las pruebas presentadas para determinar la procedencia de la inhabilitación del gobernador y del fiscal, un procedimiento que impactará el balance de fiscalización de los recursos federales asignados al estado norteño.