Laura Ballesteros exige destrabar juicio político contra Rosario Piedra en San Lázaro
La legisladora denunció el congelamiento de solicitudes de juicio político, entre ellas las dirigidas contra la titular de la CNDH.
Por Bruno Cortés
La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, exigió formalmente a las presidencias de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y Población, y de Justicia la instalación inmediata de la Subcomisión de Examen Previo. El objetivo reglamentario es desahogar de manera prioritaria el procedimiento de juicio político promovido en contra de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
El rezago en la dictaminación de expedientes de responsabilidad de servidores públicos dentro de la Cámara de Diputados abarca múltiples solicitudes que, según la legisladora, se encuentran detenidas por criterios de la mayoría parlamentaria de Morena. El estancamiento de estos mecanismos de control constitucional impide el avance de las denuncias presentadas tanto por legisladores de oposición como por colectivos de la sociedad civil organizada.
La urgencia de procesar el expediente contra la presidenta de la CNDH responde al registro oficial de más de 130 mil personas desaparecidas en territorio nacional. La diputada argumentó que el congelamiento de este juicio político constituye una omisión del Estado mexicano frente a crímenes de lesa humanidad, afectando directamente las demandas de verdad y justicia de los colectivos y familias de víctimas de desaparición.
Dentro de la lista de expedientes paralizados en San Lázaro se encuentra la solicitud formalizada el pasado 19 de febrero de 2025 por el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez en contra de la legisladora federal Hilda Araceli Brown Figueroa. Dicha imputación requiere el análisis de presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado, un expediente que permanece sin asignación de turno ni radicación en la instancia dictaminadora correspondiente.
Asimismo, la numeralia de casos pendientes incluye la petición promovida por el diputado Gibrán Ramírez Reyes y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, enfocada en la gestión de funcionarios del estado de Sinaloa. El recurso se dirige específicamente contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El bloque de denuncias ciudadanas acumuladas en contra de Piedra Ibarra integra los recursos promovidos el 22 de abril de 2026 por un grupo de ocho familiares de víctimas, encabezados por José Carlos Castro Burrola y Alejandra Yadira Galván. A este paquete administrativo se suman las querellas interpuestas de manera individual por Melchor Flores Landa el 24 de abril, por José Raimundo Sandoval el 28 de abril, y las carpetas compartidas de Perla Noemí Manjarrés e Ingrid Valeria Ferrusca Miranda de la misma fecha.
La parálisis de la Subcomisión de Examen Previo, instancia encargada de determinar la procedencia jurídica de las denuncias antes de su turno a las comisiones unidas de Gobernación y Justicia, mantiene detenidos un total de diez expedientes clave durante el actual periodo de sesiones. La falta de quórum o de convocatoria formal por parte de los presidentes de las comisiones dictaminadoras, Leonel Godoy Rangel, Graciela Ortiz González y Julio César Moreno Rivera, pospone por tiempo indefinido la resolución de las responsabilidades señaladas.