Arturo Ávila descarta fin del TMEC por revisiones anuales de EE.UU.
La rectificación anual del TMEC medirá la integración de cadenas de valor. Arturo Ávila descarta la cancelación del tratado comercial.
Por Bruno Cortés
El diputado Arturo Ávila Anaya, integrante de la bancada de Morena, afirmó que el establecimiento de un mecanismo de rectificación anual para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no implica la rescisión del acuerdo, sino un instrumento de seguimiento técnico para la integración productiva regional. El pronunciamiento se realizó durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La implementación de evaluaciones periódicas por parte del gobierno de Estados Unidos busca auditar de forma constante el flujo de las cadenas de suministro e identificar los componentes que integran el valor agregado de los bienes manufacturados en la región de América del Norte. Este proceso de supervisión reemplaza el modelo de renovación automotriz multianual que operaba de manera regular desde la ratificación del acuerdo comercial en el año 2020.
El legislador federal argumentó que la imposición unilateral de tarifas arancelarias generaría un desequilibrio macroeconómico que afectaría de manera directa el índice inflacionario de los tres países socios. El sector automotriz y las industrias pesadas serían los segmentos con mayor vulnerabilidad financiera debido al alto nivel de interdependencia logística que mantienen las plantas de producción transfronterizas.
El análisis de costos comerciales indica que la aplicación de aranceles elevaría los precios de los bienes de consumo final en el mercado estadounidense, restando competitividad global al bloque de América del Norte frente a los mercados asiáticos y europeos. La estabilidad macroeconómica del bloque regional depende de la exención de impuestos a la importación en los sectores preponderantemente productivos de las tres naciones.
En el ámbito de la fiscalización de recursos, Ávila Anaya abordó los señalamientos de un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vincula capitales del contrabando de combustible, denominado «huachicol fiscal», con el financiamiento de estructuras político-electorales. El diputado puntualizó que cualquier imputación de carácter financiero debe estar respaldada por elementos de prueba documentales ante las autoridades correspondientes.
Los antecedentes de la administración federal demuestran que el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera proceden al congelamiento inmediato de cuentas bancarias una vez que las agencias de investigación aportan los expedientes técnicos. Las indagatorias coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR) se activan de forma estricta bajo criterios de evidencia verificable y no por declaraciones mediáticas.
La postura del bloque parlamentario mayoritario exige que las investigaciones financieras sobre la triangulación de recursos ilícitos se extiendan formalmente al sistema bancario de Estados Unidos, donde presuntamente se operaron las transferencias. El Congreso mexicano mantiene una política de cero tolerancia frente a operaciones financieras vinculadas a la delincuencia organizada organizada en los procesos electorales locales.