Senado exige investigar asesinato de la periodista Roxana Guzmán con perspectiva de género
La Mesa Directiva pide indagar nexo con labor informativa tras hallar restos de la directora de Pulso Informativo.
Por Bruno Cortés
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, exigió formalmente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que la investigación del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez se ejecute bajo el protocolo de perspectiva de género y sin descartar su actividad profesional. El pronunciamiento ocurre tras confirmarse la identidad de la comunicadora mediante pruebas genéticas de ADN, concluyendo un periodo de desaparición forzada de 35 días en la región sur de dicha entidad.
El caso registra la privación ilegal de la libertad de la víctima el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz. Los restos de quien se desempeñaba como directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste fueron localizados por las autoridades ministeriales en un predio rural ubicado en el municipio colindante de Moloacán. Los dictámenes periciales correspondientes completaron la identificación oficial necesaria para la entrega del cuerpo a sus familiares directos.
Las indagatorias en curso han derivado en la detención de múltiples individuos presuntamente vinculados con la operación delictiva. Entre los procesados se encuentran elementos en activo de la corporación de policía municipal de Nanchital, señalados por la fiscalía local de proveer apoyo logístico y protección al grupo criminal responsable del secuestro y posterior homicidio de la periodista. Las órdenes de aprehensión vigentes buscan determinar el nivel de infiltración institucional en la zona.
Los indicadores de violencia contra periodistas en el estado de Veracruz sitúan a la entidad entre las zonas de mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de prensa en México. Organizaciones civiles de derechos humanos contabilizan una tasa de impunidad superior al 90% en carpetas de investigación relacionadas con agresiones a comunicadores en la última década. El caso de Guzmán Ramírez se suma a la estadística de homicidios que involucran colusión de autoridades locales.
El Senado enfatizó que el protocolo de actuación penal debe evitar la revictimización y el uso de declaraciones de los imputados para desviar el móvil principal del crimen. La Mesa Directiva señaló que la violencia ejercida contra directoras de medios informativos regionales altera el tejido democrático y anula el derecho a la información en comunidades apartadas de los centros urbanos principales. Las solicitudes de información ministerial continuarán activas de forma bimestral.
A nivel de políticas públicas, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas enfrenta revisiones presupuestales debido al incremento de solicitudes de medidas de seguridad en el Golfo de México. Los recursos asignados a la protección de comunicadores muestran un déficit de cobertura en el ámbito municipal, donde las policías locales carecen de controles de confianza efectivos y sistemas de auditoría externa.
El pronunciamiento legislativo concluyó con una demanda de rigor técnico a los peritos y fiscales asignados al caso en el complejo judicial de Coatzacoalcos. El marco jurídico mexicano obliga al Estado a garantizar la reparación integral del daño a los deudos y el acceso expedito a las sentencias condenatorias. Los representantes de las tres fuerzas políticas principales respaldaron el documento emitido por la presidencia de la Cámara Alta.