Margarita García denuncia presunto desvío de 93 mdp en Sefader Oaxaca

Por Bruno Cortés

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Imagina que el gobierno destina una bolsa de dinero para comprar las semillas y herramientas que los campesinos de las zonas más marginadas necesitan para sembrar su maíz, pero cuando llega el momento de rendir cuentas, resulta que el apoyo nunca llegó a las parcelas. Esto es exactamente lo que está pasando en Oaxaca, donde la diputada federal Margarita García alzó la voz dentro del Congreso para destapar un enredo financiero que involucra nada menos que 93 millones de pesos destinados a rescatar las variedades locales de maíz nativo.

El asunto está en que ese dinero no es un regalo ni una donación casual, sino parte del presupuesto público que sale de los impuestos de todos los mexicanos para garantizar que en el campo haya comida y trabajo. Cuando un programa social como este falla o su presupuesto se esfuma en el camino, el impacto no solo se siente en las finanzas de las instituciones, sino en el bolsillo de las familias campesinas que dependían de ese empujón económico para asegurar su cosecha y llevar el sustento a sus hogares.

Para entender el tamaño del problema hay que mirar cómo funciona la cadena del gasto público en el país, la cual arranca cuando la Cámara de Diputados aprueba los recursos para que los estados los repartan en proyectos específicos. En el caso oaxaqueño, la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural era la encargada de entregar esos insumos a los productores de subsistencia, pero las denuncias apuntan a que los padrones de beneficiarios están inflados o de plano contienen nombres de personas que jamás recibieron un solo peso.

Esta clase de fallas en las políticas públicas provoca un efecto en cadena muy peligroso para la economía regional, porque cuando el pequeño agricultor no recibe el insumo prometido, deja de sembrar la misma cantidad de tierra o se ve obligado a endeudarse con prestamistas locales para comprar insumos caros. Al final del ciclo agrícola, la oferta de alimento baja, los precios en los mercados comunitarios suben y la comunidad entera termina pagando el costo de una mala gestión ejecutada desde las oficinas gubernamentales.

Por esa razón, la petición de remover al titular de la dependencia estatal no es solo un pleito entre políticos, sino una exigencia de rendición de cuentas para que las autoridades fiscalizadoras entren a revisar peso por peso cada factura y contrato firmado. Las reglas de operación de los programas del campo existen precisamente para evitar que los intermediarios o los funcionarios se queden con los recursos que fueron diseñados para mover la economía desde abajo y proteger la seguridad alimentaria de las regiones más vulnerables.

Cuando la fiscalización detecta que el dinero no se usó para lo que estaba programado, la ley establece sanciones administrativas y penales para los responsables, además de la obligación de restituir el monto no aclarado a las arcas públicas. La fiscalización superior es el freno de mano que tiene el sistema para garantizar que los proyectos de desarrollo rural no se conviertan en pozos sin fondo donde los recursos desaparecen sin dejar rastro ni beneficio social.

El seguimiento de esta denuncia marcará un precedente sobre cómo se supervisa el gasto federalizado que llega a los estados durante la temporada de siembra. Mientras las investigaciones avanzan en los órganos anticorrupción, las comunidades agrícolas de Oaxaca siguen a la espera de que los apoyos se transparenten y el presupuesto público cumpla la función para la cual fue aprobado en el recinto legislativo.