Reginaldo Sandoval alerta por desplome del noventa por ciento en agave
Reginaldo Sandoval reporta desplome del 90% en precio del agave que golpea a miles de familias productoras en México.
Por Bruno Cortés
El diputado federal Reginaldo Sandoval Flores encabezó en el Palacio Legislativo de San Lázaro el foro especializado sobre la situación actual de la producción de agave en México, donde expuso que el precio del kilo de esta planta sufrió un desplome del noventa por ciento en los últimos tres años. La cotización en el campo pasó de registrar máximos de hasta treinta y un pesos por kilogramo a venderse actualmente entre dos y tres pesos en las principales regiones productoras del país. Esta reducción drástica en el valor de la materia prima afecta de forma directa el ingreso de más de cincuenta mil familias de pequeños y medianos agricultores distribuidos en los estados con Denominación de Origen.
El origen económico de esta caída se debe a una sobreproducción provocada por la falta de planeación e información en el sector agrícola entre los años 2018 y 2021. Una política pública eficiente requiere de padrones de producción regulados para evitar que los mercados se saturen de forma descontrolada. Cuando el precio de una cosecha alcanza niveles récord, miles de productores abandonan el cultivo de granos básicos para sembrar agave, una planta que tarda entre cinco y siete años en madurar. Al llegar todas las plantaciones al mismo tiempo a su etapa de corte, la oferta superó por completo la capacidad de compra de la industria procesadora de bebidas.
El impacto financiero de este desbalance castiga las ganancias del campesino y amenaza la estabilidad económica de estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Las familias que solicitaron préstamos o invirtieron el patrimonio familiar para comprar fertilizantes e insumos agrícolas hoy enfrentan carteras vencidas al no poder recuperar siquiera el costo de la cosecha y el flete. Las pérdidas acumuladas en el sector agrícola alcanzan sumas millonarias que paralizan el comercio local en los municipios rurales golpeados por la depreciación del cultivo.
Para solucionar esta problemática, las propuestas presentadas durante las mesas de trabajo en la Cámara de Diputados plantean la urgencia de crear un esquema legal de ordenamiento productivo. Se busca implementar un registro obligatorio de predios que permita monitorear las hectáreas cultivadas en tiempo real y evitar futuros ciclos de escasez y abundancia extrema. Asimismo, se analiza diversificar el uso del vegetal hacia industrias alternativas como la fabricación de inulina, jarabes naturales, biocombustibles y empaques industriales para absorber el excedente de cosecha.
La falta de regulación técnica en el campo también generó secuelas ambientales graves por la deforestación de suelos no aptos y el uso intensivo de agroquímicos. Las comisiones del Congreso de la Unión revisarán el trabajo de las secretarías de Agricultura y de Economía para evaluar la aplicación de mecanismos de protección al producto nacional. La meta de estas medidas es equilibrar la oferta de materia prima con las compras reales de la industria para estabilizar los costos en el mediano plazo.
Los recursos públicos y las herramientas de fomento económico deben enfocarse en proteger al eslabón más débil de la cadena productiva mediante precios de referencia razonables. La coordinación entre el Gobierno Federal, el Congreso y las cámaras industriales resultará fundamental para aplicar candados que impidan la especulación financiera en las zonas rurales. La dictaminación de las iniciativas correspondientes se integrará a la agenda del actual periodo ordinario de sesiones para ofrecer certidumbre jurídica al sector agavero.
El seguimiento de esta crisis agrícola marcará la pauta sobre cómo el Estado mexicano interviene para corregir las distorsiones del libre mercado en favor de los pequeños productores. Las estadísticas presentadas en San Lázaro servirán como base técnica para legislar sobre la planificación del suelo y la seguridad financiera de las familias campesinas. El Congreso mantendrá abiertas las mesas de diálogo hasta concretar un acuerdo nacional que reordene la siembra de agave en todo el territorio nacional.
