Claudia Sheinbaum rechaza la anulación de visa a Andrés López Beltrán
Claudia Sheinbaum califica de injerencia política el retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés López Beltrán.
Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó este viernes como un acto con un sentido esencialmente político e injerencista la resolución del gobierno de Estados Unidos de revocar la visa de ingreso al ciudadano Andrés Manuel López Beltrán, medida notificada por las autoridades migratorias del país vecino el pasado 13 de agosto.
Durante la conferencia de prensa matutina celebrada en el salón Tesorería de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que el criterio sobre personas políticamente expuestas aplicado por el Departamento de Estado estadounidense no responde a un patrón normativo homogéneo al compararse con el trato otorgado a otros países de la región.
La mandataria mexicana expuso que las resoluciones unilaterales emitidas por las agencias del gobierno estadounidense han sido procesadas sin la presentación formal de expedientes o elementos probatorios ante los tribunales correspondientes ni ante las autoridades judiciales con jurisdicción en territorio nacional.
En su mensaje, la jefa del Estado mexicano puntualizó que, en caso de que alguna instancia extranjera cuente con evidencias sobre la comisión de alguna conducta ilícita, la vía legal institucional exige canalizar la información ante la Fiscalía General de la República conforme a los tratados internacionales de cooperación bilateral.
Sheinbaum Pardo vinculó el contexto de la anulación del visado de López Beltrán con las dinámicas del calendario electoral y los debates políticos internos que se desarrollan actualmente en las cámaras legislativas y en los medios de comunicación de la Unión Americana.
Asimismo, la presidenta enfatizó que la posesión o cancelación de un permiso migratorio expedido por un gobierno extranjero no constituye un indicador institucional que determine la calidad moral de las figuras públicas ni invalida el ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Constitución mexicana.
La administración federal concluyó que la agenda de trabajo ordinaria entre ambas naciones continuará a través de las comisiones binacionales establecidas, manteniendo como exigencia permanente el respeto a la soberanía nacional y el principio de no intervención en los asuntos internos del país.
