Plantean castigar reclutamiento forzado con hasta 30 años de prisión
La diputada Lilia Aguilar Gil propuso tipificar el reclutamiento forzado con penas de hasta 30 años de prisión cuando las víctimas sean menores de edad.
Por Bruno Cortés
La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), impulsa una iniciativa para tipificar el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal Federal, con penas de 15 a 25 años de prisión y multas de mil a dos mil días. Cuando las víctimas sean menores de edad, la sanción propuesta aumentaría a entre 20 y 30 años de cárcel, además de multas de dos mil a cuatro mil días.
La propuesta busca sancionar a quienes obliguen, induzcan o incorporen a personas a grupos delictivos mediante violencia física o moral, amenazas, engaños, coacción económica o aprovechándose de situaciones de extrema vulnerabilidad, con el propósito de involucrarlas en actividades criminales.
La iniciativa establece que, cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, no será necesario acreditar el uso de violencia o engaño para configurar el delito. Asimismo, el consentimiento de una persona menor de 18 años no eximirá de responsabilidad penal a quien la reclute, organice, financie, induzca, facilite, obligue o utilice para participar en actividades delictivas.
El proyecto también contempla aumentar hasta en una mitad las penas cuando la persona responsable sea o haya sido servidora pública de instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, del sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas. La misma agravante se aplicaría cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana, tengan alguna discapacidad o no puedan comprender el significado del hecho.
En la exposición de motivos, Aguilar Gil señaló que la falta de una figura penal autónoma para el reclutamiento forzado dificulta la investigación y sanción de estas conductas, pues actualmente pueden clasificarse bajo delitos como trata de personas, secuestro o corrupción de menores.
La legisladora sostuvo que contar con una tipificación específica permitiría perseguir el reclutamiento desde su origen y reconocer a niñas, niños y adolescentes como víctimas de las organizaciones criminales, en lugar de tratarlos únicamente como participantes en actividades delictivas.
La iniciativa busca establecer un marco jurídico que facilite la prevención, investigación y sanción de quienes captan a personas para incorporarlas a estructuras criminales, además de impedir que el aparente consentimiento de menores de edad sea utilizado para evitar la responsabilidad de los reclutadores.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen, por lo que las sanciones planteadas todavía forman parte de una iniciativa y no constituyen una disposición legal vigente.
