Gissel Santander propone proteger a menores durante detenciones y cateos policiales
Iniciativa de Morena busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para reducir el impacto psicológico en la niñez.
Por Bruno Cortés
La diputada Gissel Santander Soto, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 10 y 132, y adicionar el artículo 266 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. La propuesta legislativa tiene como objetivo central establecer la obligatoriedad jurídica para que las autoridades ministeriales, policiales y judiciales observen el principio del interés superior de la niñez durante operativos, cateos y detenciones.
El documento técnico argumenta que la falta de protocolos específicos en el sistema procesal penal mexicano expone anualmente a miles de menores a situaciones de violencia institucional. La reforma obliga a los elementos policiales a identificar de manera inmediata la presencia de niñas, niños o adolescentes en el lugar de los hechos para implementar medidas de resguardo físico y emocional.
De acuerdo con las modificaciones propuestas, los agentes de seguridad deberán minimizar el uso de la fuerza, ocultar la visibilidad de armamento de alto calibre y evitar tácticas intimidatorias cuando haya menores presentes. Asimismo, el texto legal mandata que las detenciones se ejecuten fuera del campo visual del infante, siempre que la maniobra no comprometa la seguridad táctica del operativo en curso.
La iniciativa incorpora estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para demostrar el impacto cuantitativo de la violencia procedimental en el desarrollo cognitivo menor. Los datos clínicos señalan que la exposición a irrupciones domiciliarias armadas eleva de forma significativa los índices de ansiedad crónica y genera trastornos de estrés postraumático en las etapas tempranas de crecimiento.
En el plano de las obligaciones operativas, la propuesta prohíbe la separación de los menores de su figura cuidadora o tutor, salvo en escenarios donde se acredite un riesgo real e inminente para la integridad del infante. En caso de afectación emocional visible, las autoridades ministeriales estarán obligadas a canalizar de forma inmediata al menor a los servicios públicos de atención psicológica.
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha documentado que las actuaciones de las corporaciones de seguridad en entornos familiares carecen de una perspectiva de infancia estandarizada. La reforma busca subsanar este vacío procedimental mediante la introducción de criterios de actuación obligatorios que armonicen la legislación nacional con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El proyecto de ley fue turnado de manera directa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis, dictaminación y eventual votación. De aprobarse en el pleno, el nuevo articulado implicará la reconfiguración de los manuales de adiestramiento de las policías locales, estatales y federales en todo el territorio de la República.