Gobierno condiciona servicio móvil a registro de identidad ante el plazo
Usuarios que omitan vincular su CURP antes del 30 de junio perderán acceso a llamadas y datos móviles.
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México condicionará la continuidad de los contratos de telefonía celular privados al registro obligatorio de la identidad de los usuarios, fijando el 30 de junio como límite para la entrega de datos. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el mecanismo de control biométrico y documental como una estrategia de seguridad, advirtiendo el corte del servicio para las líneas que no atiendan la disposición.
La fiscalización de este padrón masivo ha generado observaciones por parte de organismos defensores de los derechos digitales, los cuales cuestionan los mecanismos de protección de datos personales. La mandataria atenuó las críticas afirmando que la concentración de la información no estará centralizada en dependencias federales, sino descentralizada en los archivos ordinarios de los consorcios de telecomunicaciones que operan en el país.
El marco legal de la medida estipula que el acceso gubernamental a las identidades de los titulares de los chips telefónicos estará supeditado a una estricta cadena de custodia que inicia con una orden judicial. Las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR) deberán justificar técnicamente la necesidad del levantamiento del secreto de telecomunicaciones ante un juzgado federal como parte de una carpeta de investigación formal.
«No queremos afectar a la gente, pero sí que se registren», declaró Sheinbaum Pardo, trasladando la responsabilidad de la desconexión al mandato legal establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El órgano regulador mantiene la postura de aplicar las sanciones contractuales sin distinción, forzando a las empresas telefónicas a castigar el incumplimiento con la baja del espectro radioeléctrico asignado al usuario.
La sanción administrativa despojará a los ciudadanos del acceso básico a las redes de comunicación, restringiendo la conectividad comercial, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y las transferencias de datos móviles. Esta medida restrictiva ha sido tipificada por legisladores de oposición como una afectación potencial al derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información.
El diseño del software de exclusión obligará a las compañías a mantener activos únicamente los módulos de recepción de alertas catastróficas del Estado. El monitoreo de las redes técnicas confirma que el corte de señal afectará de forma prioritaria a los usuarios de esquemas de prepago, sector que históricamente presenta los menores índices de registro de identidad debido a la informalidad en los puntos de venta de tarjetas SIM.
La definición de una posible prórroga el próximo 25 de junio servirá como indicador para evaluar la capacidad de respuesta de la infraestructura del gobierno ante la saturación de los sistemas de verificación de la CURP. La Secretaría de Gobernación supervisará la estabilidad de los servidores de la Renapo para prevenir interrupciones en la validación de las identidades que ingresen las telefónicas al sistema de control federal.