Julio César Moreno propone blindar el presupuesto contra desastres climáticos en México

Por Juan Pablo Ojeda

El diputado federal Julio César Moreno Rivera, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Cambio Climático que busca obligar al Estado mexicano a garantizar una asignación presupuestal permanente y no menor, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior para prevenir desastres ambientales.

La propuesta legislativa plantea modificar la fracción XXIV del artículo 7° de dicha ley con el objetivo de incorporar un esquema de gestión preventiva del riesgo climático. Con ello se pretende asegurar que los fondos públicos destinados a la mitigación y adaptación ante eventos meteorológicos severos mantengan su valor adquisitivo año con año, evitando recortes en los subsecuentes Presupuestos de Egresos de la Federación.

Para dimensionar el problema que busca resolver esta iniciativa, basta mirar cómo el clima golpea el bolsillo del país. Cuando ocurre una sequía prolongada, un huracán devastador o una inundación severa, las cosechas se pierden, las carreteras se destruyen y las viviendas quedan inhabitables. Arreglar esos destrozos cuesta miles de millones de pesos que muchas veces no están previstos en la cartera del gobierno, lo que obliga a reasignar recursos de otras áreas prioritarias.

Esta propuesta cambia la lógica de la administración pública: en lugar de esperar a que la emergencia ocurra para ver de dónde se saca el dinero para reconstruir, se obliga a las autoridades presupuestales a ahorrar y destinar recursos de manera anticipada. Es el equivalente a contratar un seguro de vida o un fondo de ahorro para la casa antes de que llegue la tempestad, asegurando estabilidad a las finanzas del país.

De acuerdo con el documento ingresado a la Gaceta Parlamentaria, la Secretaría de Hacienda y las dependencias del sector ambiental deberán coordinar la elaboración de las previsiones financieras anuales. El objetivo central es reducir los costos económicos y sociales provocados por sequías, huracanes, olas de calor e inundaciones que afectan de forma recurrente a la infraestructura pública e hídrica del país.

La iniciativa argumenta que atender los impactos del cambio climático únicamente después de que suceden los desastres genera un gasto hasta cinco veces mayor que haber invertido a tiempo en obras de infraestructura preventiva. Por ello, se busca que la planeación financiera nacional incluya variables de riesgo ambiental de forma obligatoria y continua en cada paquete económico.

El proyecto de ley fue turnado formalmente a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual dictaminación. De ser aprobada por el Pleno y el Senado, la medida entraría en vigor para la formulación del siguiente ciclo presupuestario federal.