Laura Ballesteros cuestiona veto a ley de identidad en Querétaro
El segundo veto estatal frena trámites de identidad en Querétaro, afectando a más de mil solicitantes de rectificación administrativa.
Por Bruno Cortés
La diputada federal Laura Ballesteros cuestionó este jueves en la Ciudad de México el segundo veto aplicado por el gobierno de Querétaro a la ley de identidad de género avalada por el Congreso local. La legisladora señaló que la negativa administrativa del ejecutivo estatal bloquea la rectificación de actas de nacimiento y vulnera los criterios jurisprudenciales vigentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con cifras expuestas durante su posicionamiento legislativo, la omisión normativa en la entidad impide el acceso a documentación oficial concordante a más de mil personas residentes en territorio queretano. Esta restricción operativa limita la obtención de credenciales electorales, registros laborales y afiliaciones a sistemas públicos de salud y seguridad social.
El procedimiento parlamentario en el estado de Querétaro obliga ahora a las comisiones dictaminadoras a evaluar la ruta de insistencia legislativa para superar las observaciones del poder ejecutivo. Los registros oficiales indican que la primera devolución del decreto ocurrió el año pasado, lo que motivó modificaciones técnicas para subsanar supuestos impactos presupuestales en el registro civil.
Los indicadores estadísticos sobre armonización legislativa en México ubican a Querétaro dentro del grupo reducido de entidades federativas que mantienen procedimientos judiciales obligatorios para el reconocimiento de la identidad autopercibida. Esta condición contrasta con el marco legal de 21 estados del país donde el trámite se resuelve por la vía administrativa en plazos menores a 30 días hábiles.
En términos financieros, los análisis de impacto presupuestal elaborados por el congreso local descartaron costos extraordinarios para el erario estatal derivados de la expedición de nuevas actas de nacimiento. Los informes técnicos demuestran que la infraestructura informática y operativa del registro civil estatal cuenta con capacidad instalada para absorber la demanda proyectada sin ampliaciones de gasto corriente.
Organizaciones civiles especializadas en litigio estratégico confirmaron la preparación de demandas de amparo colectivo ante juzgados de distrito federales para impugnar la constitucionalidad del bloqueo ejecutivo. Estos recursos buscan establecer suspensiones definitivas que obliguen a las autoridades administrativas locales a procesar las solicitudes pendientes de manera inmediata.
Los antecedentes normativos en la entidad muestran un rezago acumulado de cuatro legislaturas en la dictaminación de reformas al código civil estatal en materia de derechos de la diversidad sexual, consolidando una barrera institucional documentada por organismos nacionales de derechos humanos.
