María Graciela Gaitán legisla para garantizar atención médica a bebés prematuros
La diputada María Graciela Gaitán reforma la Ley General de Salud para asegurar la cobertura médica especializada a nacimientos prematuros.
Por Bruno Cortés
La diputada María Graciela Gaitán Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de ley ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para modificar los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud. El proyecto normativo obliga al Estado mexicano a financiar de forma integral, inmediata y especializada la atención de las personas recién nacidas prematuramente en toda la red de hospitales públicos del país. Esta reforma busca estandarizar los procesos de estabilización clínica, monitoreo y tratamiento médico continuo para reducir las tasas de mortalidad neonatal.
La propuesta legislativa responde a una problemática que afecta anualmente a un rango de entre 180 mil y 200 mil familias en el territorio nacional, de acuerdo con los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los datos técnicos señalan que los nacimientos ocurridos antes de las 37 semanas de gestación saturan las unidades de terapia intensiva neonatal debido a la inmadurez biológica de los órganos de los pacientes. Al elevar la atención de estos casos al rango de obligación legal, el marco de las políticas públicas de salud deberá reasignar recursos etiquetados para garantizar el suministro de insumos críticos.
El dictamen en estudio establece que las instituciones de salud pública deberán cubrir sin costo las complicaciones médicas más recurrentes asociadas a la prematurez, tales como el síndrome de dificultad respiratoria, la sepsis neonatal y las hemorragias cerebrales. La falta de un protocolo de atención inmediata provoca que un alto porcentaje de estos lactantes desarrolle discapacidades motrices, visuales o cognitivas permanentes, lo que genera un impacto económico negativo a largo plazo en el presupuesto destinado a los programas de asistencia social y rehabilitación del gobierno federal.
La viabilidad financiera de la iniciativa se apoya en la creación de mecanismos interinstitucionales de referencia y contrarreferencia, lo que permitirá el traslado eficiente de pacientes entre clínicas de primer nivel y hospitales de alta especialidad. Este diseño administrativo busca optimizar el uso de las incubadoras y ventiladores mecánicos disponibles en el sector público, evitando la duplicidad de funciones y reduciendo los tiempos de espera hospitalaria que ponen en riesgo la supervivencia de las personas recién nacidas durante las primeras horas de vida.
María Graciela Gaitán Díaz argumentó que la actual legislación en materia materno-infantil presenta vacíos operativos graves que desprotegen a la primera infancia y trasladan el costo financiero de los tratamientos a la economía familiar. El gasto promedio de bolsillo para una familia que atiende de forma privada las complicaciones de un parto prematuro puede superar los 50 mil pesos diarios, una barrera económica que excluye de forma automática a los sectores de la población que se encuentran en situación de pobreza extrema.
La iniciativa faculta a la Secretaría de Salud federal para coordinar las acciones de continuidad hospitalaria con los gobiernos de las 32 entidades federativas, buscando homogeneizar la calidad del servicio en todas las regiones de la República. El proyecto técnico advierte que la omisión de estos cuidados preventivos en las leyes secundarias debilita la estructura del sistema sanitario nacional, el cual gasta hasta tres veces más en atender secuelas crónicas que en implementar medidas de estabilización y vigilancia médica temprana.
El documento fue recibido por la mesa directiva de San Lázaro y se encuentra en la etapa de análisis técnico dentro de las comisiones dictaminadoras para evaluar su impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal. La aprobación de la reforma obligaría a la modificación de las reglas de operación del IMSS, ISSSTE y los servicios de salud estatales, consolidando un marco de justicia social que protege el derecho constitucional a la salud desde el momento del nacimiento.