México activa demandas tras muerte de connacionales bajo custodia en EE.UU.
La SRE inicia acciones legales contra autoridades estadounidenses por la muerte de 17 mexicanos en operativos y centros de detención desde 2026.
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha oficializado la presentación de demandas y denuncias penales ante autoridades estadounidenses tras el fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos en contextos vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De este total, 14 decesos ocurrieron dentro de centros de detención, mientras que los tres restantes se registraron durante operativos migratorios.
El canciller Roberto Velasco informó que el Estado mexicano ha pasado de la vía diplomática —que incluyó el envío de 11 notas de protesta formal— al ámbito judicial, solicitando una investigación penal exhaustiva por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La medida responde a la falta de respuestas puntuales por parte de las autoridades migratorias estadounidenses respecto a las circunstancias de cada caso.
El impacto estadístico de esta crisis migratoria muestra un recrudecimiento sin precedentes en la actual administración estadounidense. Según datos oficiales de la cancillería, el número de fallecimientos en custodia ha alcanzado cifras no observadas en más de dos décadas, consolidando a 2026 como un año crítico para la seguridad de los nacionales mexicanos en el extranjero.
Desde una perspectiva de gestión, la SRE ha solicitado el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer denuncias ante fiscalías estatales y organismos internacionales, incluyendo una petición de revisión urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es garantizar que se deslinden responsabilidades y se modifiquen las condiciones de confinamiento.
La estrategia legal también contempla la emisión de cartas de “Cease and Desist” contra empresas privadas que operan los centros de detención, bajo el argumento de que las condiciones de custodia han sido determinantes en los fallecimientos registrados. Estas empresas, entre las que destaca GEO Group, son el foco de diversas acciones colectivas en las que México ha decidido participar como amicus curiae.
El análisis de los registros migratorios indica que la mayoría de los detenidos fallecidos se encontraban en estados con políticas fronterizas de alta seguridad, como Texas, California y Luisiana. La acumulación de casos ha derivado en una crisis humanitaria que, según analistas internacionales, busca generar un efecto disuasorio mediante condiciones de aislamiento extremo.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que la defensa de los derechos humanos de los connacionales es la prioridad central de la política exterior mexicana. Las acciones judiciales anunciadas el 14 de julio de 2026 marcarán la pauta de las próximas reuniones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos, donde se exigirá un esclarecimiento total de los hechos.
