Mónica Sandoval exige presupuesto directo y ley para comunidades indígenas
En San Lázaro, especialistas y la diputada Sandoval exigen ley secundaria para recursos directos a pueblos originarios.
Por Bruno Cortés
La Cámara de Diputados albergó un foro de análisis técnico con especialistas, abogados constitucionalistas y representantes de pueblos originarios para evaluar el impacto económico y jurídico del reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Durante el encuentro, la diputada Mónica Elizabeth Sandoval subrayó que las reformas a la Carta Magna deben acompañarse de mecanismos presupuestales directos e instrumentos secundarios que eviten la marginación sistemática.
El análisis legislativo se centró en la brecha entre el texto constitucional y la ejecución de recursos federales. De acuerdo con las ponencias, la falta de una ley reglamentaria armonizada impide que los más de 68 pueblos originarios accedan a partidas presupuestales de manera autónoma sin la intermediación de los gobiernos municipales o estatales.
En el aspecto económico, se expuso que la fiscalización de los fondos destinados a zonas indígenas presenta demoras procedimentales que afectan el desarrollo de infraestructura básica y la preservación del patrimonio cultural. Sandoval destacó que el rescate de las lenguas maternas y las prácticas tradicionales requiere asignaciones garantizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Expertos en derecho constitucional detallaron que la personalidad jurídica de los pueblos originarios implica su capacidad plena para gestionar proyectos productivos, administrar tierras comunitarias y participar en procesos de consulta previa e informada. Sin embargo, denunciaron que el 80% de las consultas públicas actuales carece de carácter vinculante o normativo.
El foro abordó la revalorización de los sistemas normativos internos frente a la administración pública general. Abogados defensores de derechos humanos puntualizaron que el reconocimiento formal en el papel resulta inoperante si los tribunales locales no cuentan con traductores e intérpretes certificados para atender procesos administrativos y penales.
Asimismo, representantes de las comunidades del sur y centro del país señalaron que la pérdida de variantes lingüísticas avanza a un ritmo del 3% anual debido a la falta de programas educativos bilingües financiados por el Estado. La diputada Mónica Sandoval coincidió en que la política educativa debe reestructurarse para asegurar la enseñanza bilingüe integral en el nivel básico.
El encuentro concluyó con la entrega de un paquete de propuestas de armonización legislativa que será remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro. El objetivo prioritario consiste en dictaminar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.
