Niegan prisión preventiva a Gilda Lozoya; enfrentará proceso en libertad
Un juez federal determina que Gilda Lozoya Austin llevará su proceso legal fuera de prisión. Se dictan medidas cautelares no privativas.
Por Juan Pablo Ojeda
Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte determinó este viernes que Gilda Susana Lozoya Austin no enfrentará el proceso penal en su contra bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La resolución judicial permite que la imputada lleve el resto de su procedimiento legal en libertad, tras el análisis de los argumentos presentados por la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR).
La determinación judicial establece una serie de medidas cautelares que sustituyen la reclusión, entre las que destacan la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la presentación periódica ante las autoridades correspondientes. Estas restricciones buscan garantizar que la imputada comparezca ante el tribunal cada vez que sea requerida, sin necesidad de mantenerla privada de su libertad.
El caso contra Gilda Lozoya deriva de las investigaciones relacionadas con el entramado de corrupción de la empresa Odebrecht y su supuesta relación con la compraventa de la planta Agronitrogenados. La Fiscalía ha señalado a la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por presuntamente recibir transferencias financieras de origen ilícito, las cuales habrían sido integradas al sistema bancario nacional entre 2012 y 2014.
Los registros de la carpeta de investigación indican que las operaciones financieras bajo escrutinio ascienden a aproximadamente 500,000 dólares. El Ministerio Público Federal ha fundamentado que estos recursos fueron transferidos a cuentas personales de la imputada, bajo el supuesto de que provenían de los esquemas de sobornos orquestados por la constructora brasileña para asegurar contratos con Pemex.
El proceso legal ha enfrentado diversas etapas de litigio constitucional, incluyendo múltiples amparos que la defensa ha promovido para frenar la orden de aprehensión emitida inicialmente en 2019. La reciente audiencia de revisión de medidas cautelares marca un cambio en la estrategia procesal, consolidando el derecho de la imputada a enfrentar el juicio en libertad mientras se desahogan las pruebas de cargo y descargo.
La decisión del juzgador se sustenta en la reforma al sistema de justicia penal que prioriza las medidas cautelares no privativas de libertad para delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa. El juez consideró que los riesgos procesales, como el peligro de sustracción de la justicia o la obstaculización de las investigaciones, pueden ser mitigados mediante la vigilancia constante de la Unidad de Medidas Cautelares.
La FGR ha manifestado su desacuerdo con la resolución, reservándose el derecho de interponer los recursos legales pertinentes para intentar revertir la decisión en instancias superiores. Mientras tanto, el proceso continuará en su etapa intermedia, donde se definirán las pruebas que serán admitidas para la futura audiencia de juicio oral, en un caso que ha simbolizado la extensa lucha contra la corrupción sistémica en México.
