Pesquisas desde 2019 anteceden visas revocadas a políticos mexicanos
La DEA reunió desde 2019 expedientes sobre unos 35 posibles objetivos; la revisión actual retoma parte de esos casos.
Por Bruno Cortés
Ciudad de México. Las investigaciones estadounidenses sobre posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y redes del narcotráfico no comenzaron con las recientes cancelaciones de visas. El antecedente directo se remonta a 2019, cuando agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, integraron expedientes sobre aproximadamente 35 posibles objetivos, entre ellos mandos policiales, militares y figuras del Gobierno mexicano.
La revisión quedó durante años en los archivos de las agencias estadounidenses, lejos de los reflectores y de las conferencias de prensa. Sin embargo, el tema volvió al centro de la relación bilateral después de que la Administración de Donald Trump retomara parte de esa información para evaluar restricciones migratorias y posibles sanciones contra políticos y funcionarios mexicanos.
El periodista Tim Golden, reportero de investigación de ProPublica, documentó en mayo de 2025 que el listado revisado por la Casa Blanca coincidía parcialmente con el archivo elaborado por investigadores de la DEA desde 2019. Aquella primera recopilación buscaba identificar a figuras gubernamentales que eventualmente pudieran ser procesadas en Estados Unidos por presunta colaboración con traficantes de drogas.
Los agentes responsables de ese trabajo propusieron desde entonces retirar las visas estadounidenses a algunas de las personas incluidas en los expedientes. La medida no avanzó en ese momento porque altos funcionarios diplomáticos consideraron que una acción de ese tipo podía afectar la relación con México y ser interpretada como una intervención en asuntos internos.
El escenario cambió con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Su Gobierno amplió el uso de las restricciones de viaje como una herramienta dentro de su política contra los cárteles y sus posibles redes de apoyo. En octubre de 2025, Reuters informó que Estados Unidos había retirado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, aunque la identidad de la mayoría no fue divulgada públicamente.
El término “lista negra” se instaló en el debate político y mediático, pero no corresponde al nombre oficial de un documento publicado por Washington. El Departamento de Estado mantiene bajo reserva los expedientes migratorios y no ha difundido una relación completa de personas afectadas ni los motivos específicos de cada revocación.
El primer caso de alto perfil reconocido públicamente fue el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien informó en mayo de 2025 que Estados Unidos había cancelado su visa y la de Carlos Torres Torres, su entonces esposo. La mandataria señaló que la medida no implicaba la comisión de un delito y dijo desconocer las razones de la decisión.
La discusión tomó una nueva dimensión en junio de 2026, cuando Los Angeles Times reportó que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, también habían perdido sus visas en el contexto de investigaciones estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos gobiernos estatales rechazaron la información y negaron irregularidades.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que cualquier señalamiento sea respaldado con pruebas y ha cuestionado el impacto político de las filtraciones. Desde Palacio Nacional, el planteamiento ha sido mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad, pero rechazar que una cancelación de visa se utilice como una sentencia pública contra funcionarios mexicanos.
La precisión es relevante: una revocación de visa es una medida administrativa y no equivale por sí misma a una acusación penal, una orden de aprehensión o una condena judicial. El estándar requerido para negar el ingreso a Estados Unidos es menor al exigido para acreditar responsabilidad ante un tribunal.
El dato de fondo es que las pesquisas no surgieron de la noche a la mañana. La estrategia actual tiene raíces verificables desde 2019, cuando la DEA comenzó a reunir expedientes sobre posibles redes de protección política al narcotráfico. Lo que cambió con el Gobierno de Trump fue el uso más amplio y visible de las visas como instrumento de presión dentro de la relación entre México y Estados Unidos.
Mientras Washington mantenga en reserva los nombres y los motivos individuales, cada caso deberá revisarse por separado. La existencia de expedientes previos explica el origen de la estrategia, pero no permite atribuir responsabilidad penal automática a todas las personas señaladas o mencionadas en reportes periodísticos.