SCJN analiza blindaje electoral contra crimen organizado en Chihuahua
La SCJN analiza si es constitucional el blindaje electoral de Chihuahua contra posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de disposiciones electorales de Chihuahua relacionadas con la participación de personas vinculadas con la delincuencia organizada.
El proyecto fue presentado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y plantea invalidar artículos de la legislación electoral estatal que establecen restricciones para el registro de determinadas candidaturas.
La revisión del máximo tribunal deriva de una impugnación promovida por Morena contra las modificaciones aprobadas en Chihuahua, las cuales fueron planteadas como mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Entre las disposiciones cuestionadas se encuentran aquellas que condicionan el registro de candidaturas cuando existen determinados vínculos o antecedentes relacionados con organizaciones delictivas.
El análisis de la Corte se concentra en las facultades del Congreso de Chihuahua para establecer requisitos y restricciones adicionales dentro de su legislación electoral y en su compatibilidad con la Constitución federal.
La discusión ocurre después de que la legislación estatal fuera objeto de acciones de inconstitucionalidad. Registros oficiales de la SCJN muestran que durante 2026 se han tramitado diversos recursos relacionados con normas emitidas por el Congreso y el Poder Ejecutivo de Chihuahua.
El caso también ha generado posiciones encontradas entre actores políticos de la entidad. Desde el PAN en Chihuahua se ha defendido la legislación como un mecanismo para evitar la intervención de grupos criminales en las elecciones, mientras que la impugnación plantea cuestionamientos sobre la validez constitucional de sus disposiciones.
La resolución de la Suprema Corte determinará si los artículos impugnados pueden permanecer vigentes o deben ser expulsados del orden jurídico estatal. El sentido definitivo dependerá de la votación del Pleno y de los argumentos que sean analizados durante la sesión.
El debate adquiere relevancia de cara a los próximos procesos electorales en Chihuahua, debido a que la legislación establece consecuencias para candidaturas y elecciones cuando se actualicen los supuestos previstos en la norma.
