Sheinbaum aclara jurisdicción sobre academias militares tras deceso de alumna
La Presidencia precisó que las academias militares privadas no dependen de Sedena; Tamaulipas deberá investigar el deceso de la cadete.
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno Federal confirmó este 22 de julio de 2026 que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) carece de jurisdicción administrativa u operativa sobre las academias militarizadas de carácter privado que operan en el país. La declaratoria, emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum, transfiere la responsabilidad de la investigación sobre el fallecimiento de la estudiante identificada como Dafne a las autoridades estatales de Tamaulipas.
Durante la conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal delimitó las competencias institucionales frente al caso registrado en un plantel privado tamaulipeco. Se especificó que el Sistema Educativo Militar, operado directamente por las Fuerzas Armadas, abarca exclusivamente a instituciones como el Heroico Colegio Militar y colegios del aire, los cuales exigen protocolos de admisión y operación regulados por el Estado Mayor.
Las instituciones privadas que adoptan modelos disciplinarios de corte castrense operan bajo el amparo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o de las secretarías de educación estatales. Estos centros educativos particulares deben cumplir con los lineamientos civiles de incorporación, infraestructura y protección civil, sin estar sujetos a la cadena de mando militar ni a la justicia marcial.
El deslinde técnico de la Sedena sitúa la obligatoriedad procesal en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT). Esta dependencia estatal es la única instancia con facultades constitucionales para abrir la carpeta de investigación, ordenar los peritajes forenses pertinentes y determinar las causas clínicas del deceso de la menor de edad dentro de las instalaciones escolares.
Las normativas vigentes sobre planteles de internado exigen auditorías de protección civil, bitácoras médicas y certificaciones de primeros auxilios por parte del personal docente e instructores. La investigación estatal deberá cuantificar y documentar el cumplimiento de estos tres ejes operativos en el momento en que se reportó la emergencia médica de la alumna.
Estadísticas del sector educativo indican que en diversas entidades de la República operan decenas de colegios con regímenes de disciplina militarizada, los cuales matriculan a menores de edad bajo contratos de prestación de servicios educativos privados. La supervisión de la integridad física de los alumnos recae directamente en los directivos civiles de dichas empresas.
La Presidencia de la República concluyó su intervención asegurando que el Gobierno Federal mantendrá un canal de observación sobre el desarrollo del caso, pero reiteró que el proceso penal, la imputación de responsabilidades y la clausura eventual del plantel corresponden estrictamente al fuero común del estado de Tamaulipas.
