Sheinbaum cuestiona pactos de Estados Unidos con el Cártel de Sinaloa
La presidenta de México señaló inconsistencias tras el acuerdo judicial de Ovidio Guzmán con fiscales estadounidenses.
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México demandó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos la rendición de cuentas integral respecto a los pactos de colaboración celebrados con el Cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las decisiones unilaterales de las fiscalías norteamericanas vulneran los principios de reciprocidad internacional y opacan la fiscalización de los recursos financieros incautados.
El diferendo bilateral escaló tras confirmarse que fiscales de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois modificaron las condiciones del proceso penal contra Ovidio Guzmán López sin la intervención de las autoridades judiciales de México. La jefa del Ejecutivo argumentó que la falta de transparencia en los criterios de asignación de penas reducidas debilita los marcos normativos de cooperación firmados entre ambas naciones.
«Tienen que informar y tienen que explicarle al pueblo de Estados Unidos cómo es que si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen, y a México obviamente», sentenció la presidenta. El posicionamiento fija una línea de fiscalización sobre el destino de los bienes y activos económicos que el acusado aceptó entregar como parte de su declaración de culpabilidad.
La agenda de fiscalización de la Cancillería mexicana resalta que las negociaciones con objetivos del crimen organizado de alto impacto deben ser comunicadas formalmente para evitar asimetrías de información. Las autoridades federales mexicanas advierten que la opacidad en estos procedimientos administrativos dificulta la desarticulación de las redes de lavado de dinero que operan de manera simultánea en ambos lados de la frontera.
El marco legal del Entendimiento Bicentenario establece compromisos explícitos de intercambio de información de inteligencia y respeto irrestricto a las jurisdicciones nacionales correspondientes. La delegación mexicana ante los grupos de trabajo bilaterales presentará una nota de extrañamiento para exigir que se detallen las implicaciones operativas que estos acuerdos judiciales conllevan.
La administración de la llamada Cuarta Transformación vinculó este reclauso con la defensa de las reformas constitucionales recientes que limitan la injerencia de agencias policiales extranjeras en territorio nacional. El gabinete de seguridad sostiene que la discrecionalidad con la que actúa el sistema judicial estadounidense justifica la implementación de controles soberanos estrictos sobre los agentes de la DEA y el FBI.
El balance financiero preliminar de las incautaciones asociadas al caso Guzmán López en la Unión Americana no ha sido compartido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Las áreas jurídicas del gobierno federal mexicano insistirán en que se transparenten las multas y decomisos para reclamar la parte proporcional que en derecho corresponda al Estado afectado por las actividades ilícitas.