Voces divididas ante la acusación de Ariadna Montiel contra Maru Campos
Políticos, analistas y representantes institucionales debaten sobre la veracidad y las consecuencias del choque entre Montiel y el PAN.
Por Juan Pablo Ojeda
La exigencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para que el PAN deje de proteger a la gobernadora Maru Campos, ha generado un efecto dominó en el espectro político mexicano. Mientras fuentes del oficialismo respaldan la denuncia como un acto de necesaria justicia, los cuadros de oposición han cerrado filas en torno a la mandataria chihuahuense, denunciando una táctica de intimidación.
“La justicia no debe tener colores, pero la política está nublando el debido proceso”, declaró un experto en derecho constitucional consultado para esta cobertura. El debate se centra en si las pruebas presentadas por Montiel son suficientes para sustentar una investigación formal contra una gobernadora en funciones, o si se trata de un episodio más de la retórica de confrontación del 2026.
La dirigencia nacional del PAN respondió rápidamente, calificando las palabras de Montiel como una “cortina de humo” destinada a desviar la atención de los problemas económicos y de seguridad que, según ellos, el gobierno central no ha logrado resolver en el último año. “Estamos ante un ataque orquestado contra una mujer que ha mantenido un gobierno firme”, señalaron en un comunicado oficial.
A nivel regional, la opinión pública muestra una fractura clara. En Chihuahua, colectivos ciudadanos exigen transparencia y una auditoría independiente, sin importar el color partidista de los responsables. Por el contrario, sectores empresariales han expresado su preocupación por la estabilidad institucional que este choque genera en la inversión privada y el clima de negocios local.
La Secretaría del Bienestar, bajo la dirección de Montiel, ha mantenido una postura intransigente. Fuentes internas aseguran que la información sobre el caso Rocha Moya es solo el inicio de una serie de revelaciones que buscan limpiar las estructuras de gobierno estatal de la influencia de redes clientelares que, según el gobierno federal, han operado con impunidad durante demasiado tiempo.
En los pasillos del Congreso, la división es palpable. Los legisladores de oposición han amenazado con solicitar comparecencias de funcionarios federales para que expliquen el origen de la información que Montiel ha hecho pública, mientras que los oficialistas preparan el terreno para una comisión especial que investigue los presuntos vínculos financieros denunciados.
El desenlace de este enfrentamiento es incierto. Con las próximas elecciones en el horizonte, la estrategia de ambas partes parece ser la de apostar por la confrontación abierta. La interrogante que queda en el aire es si los ciudadanos obtendrán la verdad sobre el uso de los recursos públicos o si el caso quedará atrapado en el laberinto de las disputas partidistas que dominan la agenda nacional.
