EE. UU. intensifica acciones para desmantelar la Corte Penal Internacional
La administración Trump formaliza una estrategia de desarticulación financiera y operativa contra la Corte Penal Internacional este 2026.
Por Juan Pablo Ojeda
La administración estadounidense ha consolidado una política de confrontación directa contra la Corte Penal Internacional (CPI), implementando medidas que buscan restringir los recursos y la legitimidad operativa del organismo con sede en La Haya. El esquema busca asfixiar la capacidad de investigación del tribunal, especialmente ante los procesos que involucran a funcionarios y aliados estratégicos de Washington.
El impacto financiero es el eje central de esta ofensiva. Estados Unidos ha condicionado su participación como observador y ha presionado a otros Estados Parte para reducir las aportaciones presupuestales destinadas a las fiscalías que lideran causas contra personal militar estadounidense y sus aliados. Esta estrategia busca reducir el margen de maniobra de la institución en un 30% para el cierre del año fiscal 2026.
Las acciones se traducen en la imposición de sanciones administrativas contra personal clave del tribunal. Estas medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada a territorio estadounidense para fiscales y jueces involucrados en las investigaciones sobre la situación en Palestina y otras zonas de conflicto.
Desde una perspectiva cívica, la confrontación debilita el sistema global de justicia al crear un precedente de inmunidad selectiva. La efectividad de la CPI en la resolución de casos de derechos humanos depende de la cooperación interestatal, la cual se encuentra en su nivel más bajo desde la creación del Estatuto de Roma en 2002.
La capacidad del organismo para ejercer su jurisdicción sobre ciudadanos no nacionales de países parte es la principal disputa técnica. El Departamento de Estado argumenta que, al no haber ratificado el tratado, el tribunal carece de autoridad legal para investigar a ciudadanos estadounidenses, una postura que ha derivado en la redacción de nuevas órdenes ejecutivas.
El 2026 marca el punto de inflexión de esta política, alejándose de la cooperación limitada que caracterizó periodos previos. El desmantelamiento institucional no solo afecta los procesos vigentes, sino que cuestiona la viabilidad a largo plazo del sistema de justicia penal internacional como garante de derechos universales.
Históricamente, la relación entre Washington y la CPI ha oscilado entre la hostilidad y la colaboración técnica. Sin embargo, bajo la actual administración, el distanciamiento ha escalado de la retórica diplomática a la aplicación de herramientas de presión económica y legal directa, reconfigurando el panorama de la diplomacia internacional.
