Desplazamiento forzado: 15 mil mexicanos huyeron por la violencia

Por Bruno Cortés

En México, al menos 15 mil 795 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares durante 2025, como consecuencia de amenazas, enfrentamientos y otras formas de violencia. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana documentó 73 eventos de desplazamiento interno en 11 entidades del país.

El informe Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025 señala que 83% de los eventos estuvo relacionado con la violencia ejercida por grupos del crimen organizado. Las cifras fueron obtenidas mediante un monitoreo nacional de medios, por lo que representan un mínimo documentado y no la dimensión completa del fenómeno.

A diferencia de quienes cruzan una frontera internacional, las personas desplazadas internas permanecen dentro del territorio mexicano. No aparecen en las estadísticas migratorias ni en las filas de una garita: pueden pasar de una comunidad rural a una cabecera municipal o llegar a una ciudad con una mochila, documentos, algunas pertenencias y la llave de una casa a la que no saben si podrán regresar.

Sinaloa concentró 39.2% de la población desplazada registrada durante 2025, seguido por Chihuahua, con 28.4%, y Michoacán, con 21.3%. En conjunto, estas tres entidades reunieron cerca de nueve de cada diez personas contabilizadas por el monitoreo.

El desplazamiento no ocurre únicamente después de un enfrentamiento. La Ibero identificó familias que salieron de manera preventiva ante amenazas o la llegada de hombres armados, así como personas sometidas a desplazamientos sucesivos porque el primer lugar donde buscaron refugio tampoco resultó seguro.

Entre los factores que obligan a salir se encuentran los ataques directos, la extorsión, los homicidios, las desapariciones, el reclutamiento forzado y las disputas por el control de caminos, tierras y actividades económicas. La expansión de estas violencias ha afectado principalmente a comunidades rurales, indígenas y campesinas con limitada presencia institucional.

El informe también advierte sobre el uso creciente de drones, explosivos y minas por parte de organizaciones criminales. Estas herramientas permiten vigilar comunidades, atacar viviendas o caminos y restringir el acceso a parcelas, escuelas, centros de salud y zonas de trabajo.

Apatzingán fue identificado como el municipio con mayor número de personas desplazadas durante 2025. En esa zona de Michoacán, junto con Buenavista, se registraron durante los primeros cinco meses del año diez incidentes relacionados con minas explosivas, con un saldo de siete personas muertas y cuatro lesionadas.

Salir de casa no termina con la emergencia. Las familias desplazadas también pierden ingresos, cosechas, animales, documentos, redes comunitarias y acceso regular a servicios. En las ciudades receptoras pueden enfrentar dificultades para rentar una vivienda, conseguir empleo, inscribir a los menores en la escuela o recibir atención médica.

Las afectaciones son distintas para cada grupo. Niñas, niños y adolescentes pueden interrumpir su ciclo escolar; las mujeres suelen asumir nuevas responsabilidades económicas y de cuidado; mientras que las comunidades indígenas enfrentan la separación de territorios vinculados con su lengua, organización, prácticas productivas y ceremonias.

El Internal Displacement Monitoring Centre estimó que alrededor de 390 mil personas permanecían desplazadas internamente en México hasta diciembre de 2024. La cifra acumulada permite dimensionar un problema que no comenzó en 2025 y que se extiende por distintas regiones del país.

En 2024, la Ibero documentó aproximadamente 28 mil 900 personas desplazadas en 72 eventos. Aunque el registro de 2025 fue menor, las cifras no pueden interpretarse automáticamente como una reducción, debido a que México carece de un sistema oficial e integral capaz de identificar cada salida, retorno o nuevo desplazamiento.

La ausencia de un registro nacional también impide conocer con precisión cuántas personas regresaron, cuántas cambiaron nuevamente de residencia y cuántas siguen viviendo lejos de sus comunidades. Sin esa información resulta difícil calcular necesidades de vivienda, alimentación, salud, educación, empleo y reparación de daños.

México tampoco cuenta con una ley general que distribuya claramente las responsabilidades de la Federación, los estados y los municipios ante estos casos. Existen legislaciones estatales en entidades como Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, pero la atención continúa fragmentada y depende de la capacidad institucional de cada lugar.

Las personas desplazadas conservan sus derechos aunque hayan dejado su comunidad y no deben ser obligadas a regresar mientras persistan las condiciones de riesgo. En situaciones de emergencia pueden acudir a las comisiones de atención a víctimas, organismos públicos de derechos humanos y autoridades estatales o municipales para solicitar orientación, protección y ayuda inmediata.

El desplazado interno es, en los hechos, el migrante que permanece dentro del mismo país y rara vez entra en el radar fronterizo. Mientras no exista un registro nacional, miles de familias continuarán mudándose entre comunidades, terminales y colonias sin que México pueda saber con certeza cuántas son, dónde están y qué necesitan para reconstruir su vida.