Kenia López urge investigar nexos políticos con narco tras reclamos internacionales

La relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos enfrenta una revisión técnica en el Congreso. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, advirtió que los señalamientos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, liderada por Sara Carter, no deben tomarse como un ataque a la soberanía. El fondo del asunto es una demanda de transparencia sobre por qué las investigaciones penales rara vez tocan las estructuras de poder político.

La fiscalización de los recursos públicos y el combate al lavado de dinero son las herramientas legales indispensables para desmantelar la protección institucional al crimen organizado. La diputada señaló que la ley obliga al Estado a investigar a cualquier persona con nombre y apellido, sin importar su partido o cargo. Seguir encubriendo a funcionarios ligados a actividades ilícitas debilita la confianza mutua necesaria para mantener los acuerdos de cooperación internacional.

Para garantizar el equilibrio de poderes, la Cámara de Diputados evalúa utilizar su facultad constitucional de citar a comparecer al titular de la Fiscalía General de la República. Este mecanismo de control permite que los legisladores interroguen públicamente a los encargados de la justicia sobre el estancamiento de las carpetas de investigación. Es una auditoría de desempeño para saber exactamente en qué se gasta el presupuesto asignado a la investigación de delitos federales.

La institucionalidad significa que las dependencias públicas deben funcionar bajo reglas claras y tratar a todos los ciudadanos por igual, dado que sus salarios se pagan con los impuestos de la población. La legisladora criticó que la Secretaría de Gobernación utilice recursos humanos y financieros para rastrear el origen del dinero de las víctimas de desaparición. Esta acción desvía la atención de las auditorías que deberían aplicarse a las redes financieras del narcotráfico.

El diseño institucional de la nueva Secretaría de las Mujeres, que operará formalmente a partir de septiembre bajo la dirección de Laura Itzel Castillo, requerirá un estricto escrutinio presupuestal. Para que esta oficina funcione, necesita una estructura técnica calificada y no una nómina llena de operadores políticos. El Congreso vigilará que las asignaciones de dinero se utilicen para programas de equidad reales y medibles en todo el territorio nacional.

Las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación representan un reto de disciplina financiera para el gobierno. La presidenta del Congreso recordó que las promesas hechas en campaña electoral deben pasar por un filtro de viabilidad económica antes de convertirse en políticas públicas. Presupuestar recursos que el Estado no posee para cumplir compromisos políticos pone en riesgo la estabilidad del erario y el funcionamiento de otros servicios básicos.

El principio demócrata de aceptar los resultados de las urnas es el pilar de la estabilidad económica de cualquier país. Ante las solicitudes de juicio político por disputas electorales locales, como las ocurridas en Coahuila, la Cámara de Diputados debe actuar como un filtro técnico y legal. El uso de los instrumentos parlamentarios para revanchas partidistas debilita el estado de derecho y ahuyenta las inversiones necesarias para el desarrollo social.