México solicitará a EE. UU. repatriación de bienes decomisados al crimen
El Gobierno de México iniciará gestiones formales para reclamar activos y fondos incautados a criminales y políticos en territorio estadounidense.
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México anunció la puesta en marcha de una estrategia legal y diplomática para solicitar formalmente a las autoridades de Estados Unidos la devolución de bienes y activos financieros decomisados en ese país a capos del narcotráfico y políticos mexicanos sentenciados o procesados en cortes federales estadounidenses. La medida busca recuperar recursos multimillonarios derivados de actividades ilícitas y actos de corrupción perpetrados originalmente en suelo nacional.
Las estimaciones preliminares del gabinete de seguridad e instituciones financieras indican que el valor de los bienes incautados en territorio estadounidense a exfuncionarios y líderes de organizaciones delictivas asciende a miles de millones de dólares. Estos activos incluyen cuentas bancarias, bienes inmuebles de lujo, embarcaciones, vehículos de alta gama y participaciones accionarías en diversas empresas fachada.
La administración federal plantea formalizar este reclamo mediante los mecanismos de cooperación jurídica internacional y el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (TAJM) vigente entre ambas naciones. La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezará los litigios e intercambios de información para acreditar el origen público o ilícito de los fondos radicados en jurisdicción estadounidense.
El plan prevé que los recursos que logren ser repatriados a través de estos procedimientos judiciales sean canalizados de manera directa al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). De acuerdo con las proyecciones financieras, este capital se destinará a la financiación de programas sociales, infraestructura pública en comunidades de alta vulnerabilidad y al equipamiento tecnológico de las fuerzas de seguridad federales.
Históricamente, los procesos de extinción de dominio y confiscación ejecutados por el Departamento de Justicia de EE. UU. han derivado en que la totalidad de los activos permanezca bajo el control de las arcas del gobierno estadounidense. El Ejecutivo mexicano sostiene que, al ser la sociedad mexicana la víctima directa de la violencia y la malversación de fondos públicos, el destino final de dichos recursos debe ser el erario nacional.
Esta iniciativa se suma a las demandas civiles interpuestas previamente por el Estado mexicano en cortes de Florida y Arizona contra redes de lavado de dinero y empresas distribuidoras de armamento. La estrategia jurídica actual amplía el espectro de acción hacia procesos penales concluidos o en desarrollo contra figuras clave de la delincuencia organizada y la función pública.
El calendario de gestiones contempla el envío de las primeras solicitudes bilaterales de restitución patrimonial durante las próximas semanas. Las autoridades mexicanas confían en sentar un precedente bilateral en materia de recuperación de activos transfronterizos que permita agilizar la entrega de decomisos futuros.
