Ricardo Mejía respalda a Frente Unido de Pueblos de La Laguna
Diputado federal respalda demandas del Frente Unido de Pueblos de La Laguna para exigir la liberación de manifestantes detenidos en Durango.
Por Bruno Cortés
El legislador federal Ricardo Mejía Berdeja expresó este día su respaldo institucional a los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna, quienes exigen la inmediata liberación de manifestantes detenidos en el estado de Durango. La postura surge tras una serie de movilizaciones sociales que reclaman la revisión de procesos judiciales catalogados por las organizaciones civiles como detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social en la región norte del país.
De acuerdo con los datos presentados por los representantes del movimiento social, los arrestos ocurrieron durante protestas vinculadas a la defensa de recursos naturales y territoriales en la comarca lagunera. El bloque de inconformes sostiene que las aprehensiones se ejecutaron sin apego a los protocolos legales establecidos, vulnerando las garantías procesales fundamentales de los ciudadanos procesados en tribunales locales de Durango.
La intervención del diputado federal en la Cámara baja busca abrir un canal de diálogo y supervisión legal entre las autoridades del estado de Durango y las familias de los afectados. El posicionamiento institucional enfatiza que la procuración de justicia no debe utilizarse como un mecanismo de inhibición contra la participación ciudadana ni contra los reclamos agrarios y comunitarios que históricamente han marcado la agenda social en el norte de México.
Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos media docena de casos de personas privadas de la libertad bajo cargos que los colectivos consideran fabricados. Las exigencias del Frente Unido de Pueblos de La Laguna incluyen la instalación de mesas de trabajo con la fiscalía estatal para revisar las carpetas de investigación y lograr el sobreseimiento de las causas penales fincadas contra los manifestantes.
El marco legislativo federal contempla atribuciones de seguimiento y exhorto a las autoridades locales cuando se presumen violaciones sistemáticas al debido proceso. En este sentido, la representación política federal ha señalado que continuará dando seguimiento puntual al estatus jurídico de los detenidos hasta garantizar que se respete el principio de presunción de inocencia y se otorgue la libertad a los procesados.
La presión social en torno a este caso ha escalado hacia la capital del país, donde diversas organizaciones solidarias han manifestado su apoyo a la comitiva lagunera. Las demandas no solo se limitan a la liberación de los presos políticos de la región, sino que extienden su pliego petitorio hacia la garantía de seguridad para los defensores de derechos humanos y el cese de la persecución judicial en contra de líderes comunitarios.
Como antecedentes del conflicto, la zona de La Laguna ha registrado en los últimos meses múltiples tensiones derivadas de proyectos de infraestructura y disputas por el uso de agua y tierras ejidales. La falta de acuerdos previos entre las dependencias gubernamentales y las comunidades locales propició las protestas iniciales que hoy derivan en esta crisis jurídica y social con repercusiones en el ámbito legislativo federal.
