Claudia Sheinbaum fiscalizará bienes incautados a Emilio Lozoya y Odebrecht
Gobierno federal auditará subastas del INDEP tras fallos judiciales que recuperaron inmueble de 51 millones de pesos.
Por Juan Pablo Ojeda
La administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrirá a fiscalización pública los resultados económicos de los juicios de extinción de dominio ganados por la FGR. El mecanismo de control busca transparentar la cadena de custodia y venta de propiedades decomisadas por actos de corrupción, tras confirmarse la recuperación definitiva de la residencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tasada en 51.7 millones de pesos.
El caso civil por el inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo requirió de un proceso litigioso de cinco años para revertir una sentencia inicial de improcedencia dictada en 2021. La resolución definitiva fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Civil, cuerpo colegiado que revocó las medidas de protección previas y declaró procedentes los argumentos de la representación jurídica del Estado.
De forma paralela, el anuncio presidencial coincide con las auditorías locales practicadas en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, donde la alcaldesa Juana Carrillo Luna formalizó denuncias por irregularidades financieras que suman 417 millones 261 mil 249 pesos. La revisión contable efectuada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) detectó desvíos sustanciales en partidas de obra pública durante el ejercicio fiscal 2024.
La Contraloría Municipal de Cuautitlán abrió 42 expedientes de responsabilidad administrativa contra la gestión del exalcalde Aldo Ledesma, clasificando dos de ellos como faltas graves que conllevan inhabilitaciones del servicio público por hasta dos décadas. Adicionalmente, el departamento jurídico de la alcaldía ratificó 12 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones.
La presidenta Sheinbaum puntualizó que las reglas de transparencia y decomiso de activos serán aplicadas sin distinción de filiación partidista en los tres niveles de gobierno. Las solicitudes ciudadanas formuladas ante el INDEP para la adjudicación de recursos líquidos serán revisadas bajo criterios técnicos de viabilidad presupuestaria, evitando la discrecionalidad en la entrega de fondos gubernamentales.
Los informes de control del INDEP reflejan dificultades estructurales para monetizar los bienes provenientes de actividades delictivas de alto perfil, como la finca donde fue capturado el operador criminal Alfredo Beltrán Leyva, la cual quedó desierta en la última subasta. La falta de compradores para el 94% de los lotes ofertados en mayo evidencia la necesidad de reestructurar las bases técnicas de enajenación de activos de origen ilícito.
El Poder Ejecutivo mantendrá el requerimiento a la UIF y a la FGR para que remitan desgloses mensuales sobre los montos que permanecen inmovilizados en el sistema bancario mexicano. La vigilancia institucional se concentrará en evitar que los recursos asegurados pierdan valor real debido a los tiempos de espera prolongados que caracterizan a las apelaciones del sistema judicial civil.