México condiciona operación de mineras canadienses a reparación de daños
Sheinbaum entrega expediente de auditoría ambiental a Canadá. Profepa mantiene clausuras por riesgos en residuos.
Por Juan Pablo Ojeda
La administración federal de México inició un proceso de fiscalización y rendición de cuentas dirigido a los consorcios mineros de Canadá que operan en territorio nacional, condicionando su permanencia al resarcimiento de los pasivos ambientales acumulados. La presidenta Claudia Sheinbaum notificó la entrega de una lista de auditoría al gobierno del primer ministro Mark Carney, utilizando los canales diplomáticos para evidenciar los proyectos extractivos privados que evaden las obligaciones financieras y ecológicas impuestas por las leyes mexicanas.
El brazo fiscalizador del Estado, compuesto por la Semarnat y la Profepa, endureció los criterios de verificación física tras documentar un patrón de negligencia en el manejo de residuos tóxicos por parte de firmas extranjeras. Las inspecciones oficiales derivaron en la suspensión de actividades en la mina Los Filos, en Guerrero, propiedad de Equinox Gold, donde los inspectores federales confirmaron fallas críticas en los muros de contención de desechos mineros que vulneran la seguridad ambiental de las comunidades periféricas.
La estrategia de supervisión gubernamental responde a las demandas históricas de ejidatarios y organizaciones civiles en los estados de Zacatecas y Guerrero, quienes han denunciado la falta de transparencia en la ejecución de los fondos de remediación comunitaria por parte de las mineras. El envío de este listado de contingencias al gobierno canadiense busca establecer un mecanismo de corresponsabilidad legal para obligar a las matrices corporativas a auditar el desempeño de sus filiales en el extranjero.
«Cumplen en Canadá y muchas veces no cumplen en México», sentenció Sheinbaum en Palacio Nacional, fijando una postura de control soberano sobre los recursos naturales frente al modelo extractivo transnacional. El Gobierno de México busca erradicar la asimetría operativa mediante la aplicación estricta de sanciones económicas y la revocación potencial de licencias ambientales a las empresas que decidan ignorar los plazos perentorios dictados para la estabilización de sus depósitos de jales.
La revisión técnica de la Semarnat se presenta en una coyuntura donde los minerales críticos se han consolidado como activos de seguridad nacional para la región económica del T-MEC. La fiscalización mexicana introduce una variable de cumplimiento ambiental que obliga a las corporaciones canadienses a transparentar sus costos de mitigación y restauración ecológica dentro de sus reportes financieros anuales entregados a las bolsas de valores correspondientes.
Las dependencias de protección ambiental mantienen un monitoreo continuo sobre las cuencas hidrológicas colindantes a las concesiones mineras para verificar la presencia de metales pesados derivados de las filtraciones industriales. El protocolo de la Profepa exige la presentación de planes de remediación auditados por terceros independientes antes de proceder al levantamiento de cualquier sello de clausura temporal en las zonas de explotación intervenidas.
El requerimiento formal del Ejecutivo Federal establece un precedente en la relación bilateral con el gobierno de Mark Carney, desplazando la discusión comercial hacia el ámbito de la responsabilidad jurídica y civil de las inversiones extranjeras. Los comités de fiscalización de la Semarnat continuarán el desglose de casos pendientes en otras entidades de la República, estructurando expedientes legales para asegurar el cobro de fianzas ambientales en caso de abandono de los sitios mineros.