México rechaza señalamientos de la OFAC sobre financiamiento electoral del CJNG
El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.
Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las acusaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que vinculan el contrabando de combustible con el financiamiento de campañas electorales en el país. El diferendo bilateral ocurre tras la publicación de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra 11 objetivos operativos y financieros presuntamente asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La mandataria federal mexicana señaló la ausencia de pruebas documentales en el informe estadounidense transmitido este miércoles.
El reporte de la OFAC identifica de manera directa a dos ciudadanos mexicanos, Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, junto a nueve entidades mercantiles, como los responsables de una red de huachicol fiscal. Según el organismo norteamericano, el esquema de defraudación utiliza camiones cisterna, vagones ferroviarios y flotas marítimas para introducir hidrocarburos a territorio estadounidense omitiendo el pago de aranceles. Las ganancias derivadas de esta actividad ilícita se estiman en millones de dólares anuales.
De acuerdo con los datos presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, los individuos señalados en el comunicado de Washington ya se encontraban bajo proceso de investigación administrativa a nivel local. El gobierno mexicano criticó que las agencias de procuración de justicia de Estados Unidos emitieran el boletín punitivo de manera unilateral, interrumpiendo las mesas de intercambio de información técnica y los acuerdos de comunicación conjunta establecidos previamente.
Los registros de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que las acciones de fiscalización y control en las aduanas fronterizas redujeron la incidencia del huachicol fiscal durante el presente ciclo fiscal. La contención de este delito se ve reflejada en un incremento porcentual de las ventas reguladas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las empresas distribuidoras privadas que operan legalmente en el mercado de carburantes.
El protocolo de cooperación bilateral en materia financiera contempla el congelamiento de activos bancarios una vez que se integran las carpetas de investigación correspondientes. No obstante, el Ejecutivo mexicano puntualizó que los mecanismos de extradición recíproca exigen la presentación de expedientes probatorios exhaustivos, una condición que las agencias norteamericanas omitieron en el despliegue informativo referente al sector político y de medios de comunicación.
La red de lavado de dinero descrita por el Departamento del Tesoro incluye operaciones de compra de bienes inmuebles, activos de alta gama, joyería y financiamiento logístico en el mercado estadounidense. Las autoridades mexicanas mantienen bajo revisión las cuentas bancarias de las nueve empresas listadas por la OFAC para determinar el flujo de capitales y aplicar las suspensiones operativas necesarias en el sistema financiero nacional.
Este escenario repite las métricas observadas en junio de 2025, cuando el Departamento del Tesoro intervino tres instituciones bancarias en México por riesgos asociados al tráfico de fentanilo. En dicho antecedente, las solicitudes de evidencia procesal formuladas por la administración mexicana resultaron en la entrega de documentación simplificada de dos páginas, carente de elementos judiciales vinculantes para los tribunales locales.